Sin embargo, incluso las sociedades más tranquilas pueden reaccionar cuando perciben injusticia. Este año, los residentes de Toronto lo han demostrado: más de 800 casos de daños a cámaras de velocidad fijas en solo nueve meses. Para un país conocido por preferir formas pacíficas de protesta, esto es bastante significativo.
Por qué los residentes han tomado acción
Las cámaras se instalaron formalmente para mejorar la seguridad vial en zonas con alto flujo de peatones, niños o personas mayores. En la práctica, muchas fueron colocadas en autopistas de bajo riesgo o avenidas de cuatro carriles. Esto ha resultado en multas por exceder el límite en 5–10 km/h, con impacto limitado en la seguridad pero ingresos constantes.
Muchos conductores comenzaron a verlas más como herramientas de recaudación que como dispositivos de seguridad. Este cambio parece haber sido el punto de inflexión.
La política se involucra
El tema ganó tal relevancia que las autoridades no pudieron ignorarlo. El premier de Ontario, Doug Ford, declaró que las cámaras tienen más que ver con recaudación de impuestos que con seguridad y pidió su retiro. Sus palabras fueron directas: “Hay que quitar todas estas cámaras. Son injustas”.
La policía ha tenido éxito limitado para identificar a los responsables. A pesar de las grabaciones, pocas detenciones se han realizado. Los residentes suelen mostrar comprensión hacia quienes las dañan.
Un patrón global
Protestas similares ocurren regularmente en el mundo. En Reino Unido dañar cámaras es recurrente, en Italia destacó el “Fleximan”, y en Ucrania el “Crum Patch Team”. La escala en Canadá es notable: cientos de dispositivos dañados en un año.
Hechos clave
- Más de 800 incidentes registrados en Toronto en nueve meses.
- 16 cámaras dañadas en una sola semana.
- Algunas desactivadas hasta siete veces en un año.
Estas son solo las cifras oficiales. Otros métodos de interferencia probablemente también ocurren.
Dinero versus seguridad
La crítica principal es que la ubicación de las cámaras responde más a su potencial de ingresos que a necesidades reales de seguridad. Esto hace que el sentido común quede supeditado al beneficio financiero.
Aunque el control de velocidad es una idea válida, cuando se convierte principalmente en fuente de recaudación genera rechazo público.
¿Qué sigue?
El futuro de estas cámaras es incierto. Con el premier pidiendo su eliminación, es posible una acción oficial. La pregunta es si las decisiones formales o las acciones de los conductores resolverán el tema primero.
Las tecnologías de control de tráfico funcionan mejor cuando priorizan la seguridad real y no la generación de ingresos. Las reacciones públicas lo recuerdan cuando este equilibrio se pierde.
